La presidenta de la RFEV, Julia Casanueva, tiene un nuevo frente abierto que la deja muy tocada en el último tramo de su mandato, después que el ex presidente de la Federación Cántabra de Vela y olímpico en Montreal y Seúl, José Francisco García de Soto, y la actualmente asambleísta de la RFEV, Esperanza Pérez, hayan presentado una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes para que ésta sea tramitada ante el TAD, contra Casanueva, así como todos los miembros que formaban su junta directiva a 17 de marzo de 2018. Hay que recordar que las federaciones deportivas son entidades presidencialistas, en las que su presidente es quién tiene el poder y la responsabilidad final en todas las decisiones que se toman, y más si son del calado de las que se presentan en la denuncia.

Según informa Iusport, en la denuncia aluden a los actos efectuados por los citados dirigentes, como, por ejemplo, la convocatoria irregular de la Asamblea en la que se aprobó el cambio de sede social de la Federación de Madrid a Santander, ciudad en la que reside Julia Casanueva. En la denuncia se recalca que estos hechos también fueron puestos en conocimiento por varios asambleístas a los Juzgados de lo Civil de Santander.

En el escrito se aporta la sentencia en la que el Juzgado de primera instancia anuló el punto cuarto del orden del día de la Asamblea, referido al traslado del domicilio social. La sentencia del Juzgado de 1ª instancia nº 4 de Santander fue recurrida en apelación por la RFEV ante la Audiencia Provincial de Cantabria, la que el día 27 de abril de 2020 firmó la resolución 205/2020, y que fue notificada a las partes el día 15 de mayo 2020, en la que en su fallo, por unanimidad, dice “que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Real Federación Española de Vela contra la sentencia de referencia debemos confirmar y confirmamos la misma con imposición a la recurrente de las costas de esta alzada”.

La Audiencia afirmó que “la sala comparte plenamente el argumento del Juez de instancia que resulta jurídicamente impecable. Y sigue: El actuar de la demandada no ha respetado tal requisito anunciando con menos de 15 días de antelación cuales eran los extremos precisos de los estatutos que se proponían modificar por lo que ha de concluirse una modificación estatutaria antijurídica causante de la nulidad declarada en la instancia”.

En el escrito, ambos asambleístas piden al CSD “que se tenga por presentada la presente denuncia” y se dé traslado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por los “actos cometidos por ellas con objeto de realizar de manera ilegal y fraudulenta el cambio de domicilio social de la RFEV desde Madrid a Santander”.

Pero también por “la manipulación de la Presidenta de la documentación para justificar las subvenciones del Gobierno de Cantabria para la tecnificación de deportistas cántabros en el CEAR de Santander “Príncipe Felipe” y la incorrecta utilización de los fondos de estas subvenciones, que ha  dado lugar a la revocación de más de 110.000 €, y todo ello en base al deliberado incumplimiento de lo establecido tanto en la Ley del Deporte como en los Estatutos RFEV por parte de la Presidenta RFEV y miembros de su Junta Directiva.”

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